A partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta el presente, se ha emprendido una férrea batalla para combatir el narcotráfico y prevenir el uso de drogas, siendo sus resultados poco satisfactorios. Aproximadamente entre los años de 1900 a 1945, se identifica el origen de las políticas prohibicionistas sobre el uso de drogas, esto debido al gran número de adictos al opio en EEUU y Gran Bretaña. En el año de 1961, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea la primera convención para el control de sustancias ilícitas. Esta postura fue impulsada por el presidente estadounidense Richard Nixon, quien en 1971 llevó a la popularidad mundial la frase “guerra contra las drogas”, este hecho, evidentemente, influenció las políticas de toda América.
Esta perspectiva administrativa restrictiva, la cual dominó durante años en varios países, en la actualidad, es obsoleta. Estigmatización que ha sido derrumbada por un gran número de naciones europeas, e incluso en Latinoamérica, al presente, existe una flexibilización a estas normativas, como el caso de la marihuana, que es una de las sustancias psicoactivas que es utilizada con fines recreacionales y terapéuticos.

Un elemento fundamental al momento de establecer políticas públicas, lo constituye el factor cultural de una sociedad, pues este componente es decisivo al instante de proponer y ejecutar cualquier tipo de análisis en temáticas relacionadas con las ciencias sociales. En este marco referencial dentro de nuestra América Latina, durante las últimas décadas se ha podido observar que han existido una serie de reformas normativas a las leyes sobre salud mental, las mismas que también enmarcan el campo de las adicciones, lo cual ha planteado trascendentales desafíos a educadores, profesionales e investigadores.
Una de las características de los problemas que presentan los trastornos vinculados a las adicciones, se encuentra relacionado con una diversidad de síntomas conductuales,cognitivos y psicofisiológicos, los mismos que encaminan a un individuo a utilizar una determinada sustancia, conducta o comportamiento reiterativo, pese a experimentar consecuencias negativas. En este contexto otro de los determinantes que deben ser estudiados a profundidad, se relaciona con el impresionante porcentaje de personas que vuelven a consumir, fenómeno muy presente, a pesar de haber recibido tratamiento, sea de carácter ambulatorio o residencial.
Específicamente a nivel de la problemática relacionada con el uso y abuso de las sustancias psicoactivas, dentro del territorio ecuatoriano, hasta el año 2008, la legislación sobre drogas era una de las más punitivas del continente americano, a partir del Gobierno de Rafael Correa, se produjo una serie de modificaciones legislativas y administrativas, con una evidente orientación a la descriminalización de los consumidores, visto desde un enfoque netamente de la salud (Transnational Institute [TNI], 2015).
Dentro de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su Artículo 364 se establece que:
“Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulneran sus derechos constitucionales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 66).
Actualmente, el portal especializado Insight Crime, una fundación empeñada en la investigación de la principal amenaza de la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe, en su estudio sobre crimen organizado, indica que más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia, llega a Ecuador; y desde los puertos marítimos de esta región, toma un nuevo rumbo, principalmente a EE.UU. y Europa. De manera alarmante, el país Mitad del Mundo dejó de ser un área de tránsito, convirtiéndose en un centro de acopio y de plataformas internacionales de distribución, e inclusive da un paso más, al evolucionar como un territorio procesador.
El efecto de este fenómeno social, cultural, político y económico se refleja en las realidades diarias que viven los ciudadanos ecuatorianos, un ejemplo de este caos, se evidencia en los hechos acontecidos en septiembre del año 2021, donde se registró la peor masacre en la historia carcelaria de esta nación: un enfrentamiento entre bandas rivales en el Centro de Privación de Libertad Número Uno en Guayaquil, dejando 119 fallecidos y 81 heridos. Este catastrófico acontecimiento, tiene sus raíces en las disputas por el control territorial del manejo de venta de estupefacientes, tanto dentro y fuera de las cárceles.
En base a estos antecedentes que afectan a nuestro país, y con los impactos que ha generado la globalización, es importante que los profesionales de la salud como: psicólogos, médicos, trabajadores sociales, terapeutas vivenciales, terapeutas ocupacionales, y ciudadanos, tengamos una mayor información y visión holística del fenómeno de las drogas, la aparición de nuevas patologías comportamentales como las adicciones a videojuegos, a elementos tecnológicos, ludopatías y otras manifestaciones conductuales, requieren de una acertada preparación profesional.

Finalmente se menciona que los tratamientos para adicciones en Ecuador deben ser considerados en base a las realidades sociales, económicas, políticas y culturales que atraviesa el país. Se pone en evidencia, la fragilidad del sistema de rehabilitación social y de los tratamientos para toxicómanos, existiendo escasas ofertas psicoterapéuticas para otro tipo de adicciones, siendo urgente una reestructuración de los planes y mecanismos de acción gubernamental a nivel de procesos de rehabilitación e intervención en nuevas problemáticas psicoemocionales. Procedimientos en los cuales, se debe vigilar con mayor interés las normativas que protegen a las personas inmiscuidas en estos entornos, y se consideren aspectos de respeto a la vida, a los derechos individuales y colectivos, primando una visión centrada en la ética y los derechos humanos, consideraciones que son fundamentales en la base de preparación académica deontológica de los profesionales de la salud.